El 4 de febrero de 1926 el periodista Ignacio Monroy del periódico El Universal,
publicó las declaraciones hechas por el arzobispo de México José Mora y del Río
en rechazo al anticlericalismo de la Constitución, esta nota aceleró toda
ruptura definitiva entre el Estado y la Iglesia. Esto provocó la detención del
arzobispo, mientras en Roma el Papa aconsejaba a los católicos que se
abstuvieran de participar en la política. Calles por su parte consideró esta
publicación como una ofensa y un reto al gobierno y se ordenó al Congreso
reglamentar el artículo 130. Este decreto fue conocido como la Ley Calles que
además demandaba la clausura de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes
extranjeros. También se limitaba el número de sacerdotes a uno por cada seis mil
habitantes y se ordenaba que aquellos se registraran ante las autoridades
municipales, quienes otorgarían su respectiva licencia para ejercer, incluía
también delitos relativos a la enseñanza haciendo desaparecer la libertad de
enseñanza y el derecho de educar a las personas en la fe.
Ante esto los obispos consideraron que no existían garantías para ejercer su
ministerio y emitieron un comunicado avalado por Roma donde se anunciaba que se
había decidido suspender los cultos desde el 1 de Agosto de 1926, día que
entraría en vigor la Ley de Calles, el pueblo mexicano que era muy católico se
congregó en las iglesias un día antes, se dice que se celebraron muchos
bautizos, matrimonios, etc. Después se clausuraron numerosos templos, así como
capillas particulares, conventos y escuelas religiosas en todo el país. Las
casas se convirtieron en oratorios, y el Papa autorizó una liturgia breve para
la misa, permitiendo a los sacerdotes celebrar en cualquier lugar y aún sin
vestimenta. El Gobierno no quería cerrar las iglesias sino que pretendía que
fueran inventariados y custodiados por las juntas de vecinos, lo que no le
pareció a los obispos por lo que lanzaron excomunión a quienes participaran para
colaborar con este fin.
También en respuesta a la Ley de Calles, se presentó ante el Congreso una
demanda de reforma constitucional firmada por dos millones de católicos, pero
fue rechazada. Por lo que la Liga anima a las personas a realizar un boicot con
contra del Gobierno a fin de presionarlo y quitara la Ley de Calles. El boicot
consistía en no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos ofrecidos por
el Gobierno, no comprar lotería, no utilizar vehículos a fin de no comprar
gasolina, etc. Sin embargo el boicot no consiguió sus fines, pero tuvo grandes
repercusiones en la vida económica del país.
Ya que se vio que por los medios pacíficos no se podía obtener la destitución de
la Ley de Calles, en Enero de 1927 empezó la toma de armas, las primeras
guerrillas estuvieron compuestas por campesinos, pero esto fue creciendo y con
el grito de "Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe" fueron conocidos con el
nombre de Los Cristeros.
Parte I: Antecedentes de la Guerra Cristera (1926-1929)
Parte II: Gobierno del General Álvaro Obregón (1920-1924)
Parte IV: Toma de Armas en defensa de sus derechos
